El presidente catalán, Carles Puigdemont, respondió ayer al ultimátum del Ejecutivo español sobre si declaró la independencia de Cataluña con una carta en la que advirtió que el Parlamento catalán votará la secesión si no hay diálogo con España. Acto seguido, Mariano Rajoy anunció que iniciaba el proceso para intervenir la región, es decir, activar el artículo 155 que permite, entre otras cosas, suspender la autonomía.
La grave crisis institucional abierta por el desafío secesionista en Cataluña llegó así este jueves a un punto crítico.
Tanto la proclamación de una “república catalana independiente” en el “Parlament” regional como el paso inédito del Estado asumiendo por ejemplo competencias de la Policía o la Hacienda catalanas abrirían un nuevo escenario de consecuencias imprevisibles y provocarían la escalada de una crisis que preocupa en toda Europa.
El Gobierno de Rajoy había fijado un ultimátum hasta ayer a las 10:00 horas (5:00 en Argentina) para que Puigdemont diera marcha atrás en su plan de declarar la independencia y volviera a la legalidad. En caso contrario, avisó Madrid, se activaría el artículo 155 de la Constitución, que permite “adoptar las medidas necesarias” para forzar a una región a cumplir la ley.
Se esperaba que Puigdemont eludiera el requerimiento de Madrid y se limitara a pedir diálogo, como hizo el lunes cuando venció un primer plazo fijado por Rajoy, pero el líder secesionista fue más allá.
“Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar con la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre”, amenazó en su carta a Rajoy.
El texto recuerda que ese día Puigdemont anunció la independencia en el “Parlament” y la suspendió de inmediato. “Lo hice para propiciar el diálogo que de manera reiterada nos han hecho llegar, a usted y a mí, instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y el resto del mundo”, añadió sin ofrecer más precisiones y lamentando que la “única respuesta” fue la “suspensión de la autonomía”.
Madrid respondió de inmediato a la carta con un comunicado en el que avisa que, ante la “negativa” de Puigdemont a responder al requerimiento, el Gobierno español “continuará con los trámites previstos” en el artículo 155 de la Constitución: un paso inédito en 40 años de democracia en España.
“El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña”, expresó el Ejecutivo de Rajoy en su comunicado.
