Más de 5,3 millones de catalanes están llamados a votar este domingo en un referéndum de secesión que fue declarado ilegal por España y que quedó en manos de militantes independentistas que mantienen ocupados decenas de centros de votación y podrían "tomar" otros espacios para que la Policía no impida la consulta.
Lo que pase finalmente con el referéndum de este 1 de octubre dependerá del rumbo que tomen los acontecimientos durante las horas previas al comienzo de la jornada electoral, cuando los agentes de la policía catalana tienen que haber desalojado la gran mayoría de los puntos de votación, cumpliendo órdenes de la Justicia.
El referéndum catalán, que abrió la mayor crisis política e institucional de la historia reciente de la democracia en España, también genera un clima de tensión e incertidumbre porque enfrenta a la propia sociedad.
Horas tensas
Ocupando escuelas que debían acoger los centros de votación del referéndum de independencia prohibido, los activistas catalanes estaban determinados ayer sábado a mantener vivo un plebiscito que el gobierno español de Mariano Rajoy aseguró que no tendrá lugar.
Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno de Rajoy, el ejecutivo regional catalán está determinado a celebrar el plebiscito este domingo, pese a que fue prohibido por el Tribunal Constitucional español.
"Es verdad que todavía tenemos todo el domingo para ganar la independencia", lanzó el presidente regional, Carles Puigdemont, en un mitin de fin de campaña el viernes por la noche. Pero "sabiendo toda la gente que está movilizándose en todo el territorio (…) hoy ya hemos ganado", agregó.
Las expectativas
Los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre el proyecto independentista: 41,1% a favor y 49,4% en contra, según el último sondeo del gobierno catalán publicado en julio. Pero también que más del 70% de la población quiere que la cuestión se decida en un referéndum legal.
Tras meses del más absoluto secreto, el ejecutivo de Puigdemont desveló el viernes algunos detalles de la organización: 2.315 centros de voto en toda Cataluña -región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España- y un censo de 5,3 millones de votantes.
También presentó por primera vez una de las urnas previstas para estedomingo, consistente en una caja de plástico traslúcida con una tapa negra donde hay una ranura para introducir el voto.
En un esfuerzo por desmantelar esta logística, la justicia ordenó el cierre de escuelas, centros cívicos y otros locales designados para acoger la votación. Y ordenó a la policía que vigile si entra en ellos material electoral, en cuyo caso deben decomisarlo.
Esto pone contra las cuerdas a la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra, dependiente del gobierno independentista pero obligados a hacer respetar las decisiones judiciales.
Sus responsables ordenaron así a sus agentes desalojar las escuelas el domingo pero sin recurrir a la violencia, lo que abre el interrogante de qué pasará si los activistas ofrecen una resistencia pacífica.
Sin embargo, el gobierno español cuenta con miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, desplegados en Cataluña para la ocasión, a los que podría recurrir. Y pese a que todas las partes han llamado a la calma, algunos catalanes temen lo que pueda pasar.
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