“Este es un año de supervivencia”, describen en la Gobernación con un dejo de congoja. Se refieren al impacto del violento ajuste de los fondos nacionales que venía recibiendo la Provincia y que en buena parte fueron víctimas de la motosierra del Presidente. Ese pesar es doble. No sólo esos ingresos menguaron producto de la decisión de la Casa Rosada de cortar todos los fondos no automáticos que llegaban a los distritos: la propia coparticipación, aseguran cerca de Axel Kicillof, empezó a caer producto del brusco freno de la economía. Para muestra, sobra un botón: el IVA, un impuesto que recauda la Nación y que se coparticipa, se desplomó en marzo un 15% en términos reales. El apretón también llegó por el costado de los recursos propios. Ingresos Brutos representa cerca del 56% de la recaudación por tributos de origen bonaerense y el parate de la economía también lo viene afectando.
Kicillof, mientras tanto, opera con algunos gobernadores en busca de recuperar algo de lo perdido. Sus equipos legales se reúnen con representantes de Córdoba, Chubut, Santa Fe y La Pampa para coordinar una posible presentación ante la Corte Suprema contra la decisión de Javier Milei de frenar el envío de recursos que se destinaban a atender el déficit de las cajas previsionales. Cada distrito hará su propio planteo por separado, pero en términos similares. En la Gobernación aseguran que la Nación está incumpliendo el Pacto Fiscal de 2017 que contempló ese envío de fondos. En 2023 la Provincia recibió por ese concepto unos 117 mil millones de pesos. Este año, ese flujo directamente se cortó.
De acuerdo a diversas estimaciones no oficiales, el “rojo” previsional bonaerense habría ascendido el año pasado a cerca de 300 mil millones de pesos producto de déficit que arrastran tanto el IPS como la Caja del Banco Provincia.
La pulseada que animan Kicillof y Milei no se acota a los recursos recortados. El Gobernador le mostró los dientes al líder libertario con una decisión de fuerte impacto: homologó en la Provincia, a través del ministerio de Trabajo, el acuerdo salarial al que arribaron el gremio de Camioneros con Pablo Moyano a la cabeza, y las cámaras del sector que ronda el 45%. Se trata de la misma paritaria que la Nación no quiere avalar porque rompe el techo porcentual trazado por la Rosada para las negociaciones colectivas.
Mientras tanto, el Gobierno bonaerense buscará avanzar en acuerdos con la oposición para cubrir vacantes en la Suprema Corte que a partir de junio quedará drásticamente reducida a apenas tres miembros. Hay decisión de avanzar, al menos, con dos designaciones. Por ahora, es una intención que no pasa de eso.
El Ejecutivo venía avanzando el año pasado en negociaciones con el radicalismo y el PRO que finalmente no prosperaron. Ahora asoman algunos nubarrones. Por lo pronto, quién se sentará con el Gobierno para intentar llegar a un acuerdo.
Quien llevaba la voz cantante por la UCR era Maximiliano Abad. El actual senador nacional sigue al frente del Comité Provincia y en las últimas horas participó de una marcha en Azul contra el aumento del Impuesto Inmobiliario organizada por ruralistas. Ese gesto cayó mal en la Gobernación. Los funcionarios se sienten más cómodos hablando con los intendentes radicales. La gran duda es si los alcaldes, eventualmente, podrán negociar en nombre del partido la definición de un cargo de tamaña envergadura. Tampoco es fácil la interlocución oficial con el PRO. Los negociadores de Kicillof hablaban con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, ahora corrido de la escena bonaerense.
Esos son algunos de los interrogantes que rodean la previa de la conversación que está por venir.
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