Sucesión al revés. Del presente al pasado: 27 de marzo, test de coronavirus sobre el primer ministro Boris Johnson, positivo; 19 de marzo de 2020, Michel Barnier, negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el Brexit da positivo en el test, su “alter ego” del lado británico, David Frost, presenta todos los síntomas; último minuto del 31 de enero de 2020, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte abandona la UE.
Un abandono cuyas consecuencias debían ser negociadas en un plazo hasta fin del corriente año para determinar si se trataba de una ruptura, lisa y llana, o de un modelo de asociación completamente diferente.
Pero el coronavirus cortó todo. Desde el positivo de Barnier-Frost hasta el positivo del primer ministro Johnson, el Brexit pasó a un lejano segundo plano.
El 11 de marzo de 2020, el Reino Unido contaba con solo 381 enfermos contagiados de coronavirus y nada más que 6 muertos por dicha causa.
Pero, ese día, el primer ministro junto a su nuevo canciller del Echiquier –ministro de Economía- RishiSunak –de origen indio- actuaron. El Banco de Inglaterra redujo la tasa de interés (de 0,75 a 0,25 anual) y achicó el encaje para las entidades bancarias. Además, establecieron el cobro de seguro de salud al primer día de confinamiento indicado médicamente; el fondo de ayuda de urgencia manejado por las municipalidades; el pago del seguro de salud a cargo del Estado y ya no más de las empresas; la supresión de un impuesto sobre el comercio; la garantía estatal para los préstamos y el diferimiento de pagos impositivos.
Las decisiones representan, lisa y llanamente, el abandono de la política fiscal de austeridad y su reemplazo por un gasto público creciente.
Con un gobierno del Partido Conservador, el Reino Unido retorna a las viejas recetas de intervencionismo estatal, justificadas públicamente en el combate a las consecuencias económicas del coronavirus pero que, además,serán empleadas subrepticiamente para paliar los efectos negativos del Brexit.
Entonces, 27 mil millones de libras para construir rutas y autopistas. Y otros mil para la investigación científica básica.
¿De dónde sale el dinero? Del déficit fiscal que pasa del 2,2 por ciento del PBI al 2,8 –siempre y cuando la recaudación se mantenga- y de cortar la reducción de la deuda que alcanza al 83 por ciento del PBI. De la emisión monetaria, claro.
¿Quién frunció el ceño? La hoy simple diputada conservadora Theresa May: Boris Johnson vigilado.
Tanta actividad desde lo económico no se corresponde, en lo inmediato, desde lo sanitario. De momento, solo recomendaciones sin obligatoriedad legal de por medio.
Johnson prefiere esperar el pico de la enfermedad que se produciría a finales de mayo, principios de junio.
Reacción exactamente contraria a la de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, quien comenzó por prohibir las manifestaciones con más de quinientas personas.
Johnson y Sturgeon fueron a la misma reunión con los expertos científicos, pero sacaron conclusiones diferentes ¿Producto de la tensión Inglaterra-Escocia?
En el ida y vuelta final, hay que inscribir la postergación de las elecciones municipales en Londres previstas para el 07 de mayo y postergadas hasta el 2021. Consecuencia: el alcalde laborista, de origen pakistaní, Sadiq Khan ve su mandato prorrogado por casi un año.
Al 14 de marzo, la estrategia del primer ministro Johnson, respecto del coronavirus, es la de la llamada “inmunidad colectiva”. Establece que, para alcanzar dicha inmunidad colectiva natural, aproximadamente un 60 por ciento de la población debe contraer la pandemia. Teoría a la que adhieren también los gobiernos sueco y holandés.
El criterio de la “inmunidad colectiva” pretende eliminar la enfermedad, en lugar de limitarla. De verificarse, el virus queda eliminado para el futuro. Con la limitación, en cambio, nada impide su retorno el próximo invierno boreal.
Pero, el 18 de marzo, el primer ministro Johnson cambia de estrategia y anuncia el cierre de las escuelas británicas. Los muertos por el coronavirus alcanzan, para esa fecha, a 104.
Horas antes, Escocia y Gales anunciaron, unilateralmente, el cierre de escuelas y guarderías.
El otro anuncio de importancia es la quintuplicación (de 5.000 a 25.000) de los tests diarios sobre eventuales pacientes.
Un día después, el Banco de Inglaterra reduce la tasa de sus préstamos al 0,1 por ciento anual, la más baja de su historia de 325 años. La Bolsa británica ya acumula pérdidas del 30 por ciento y la libra esterlina cae casi a la paridad con el euro.
El 20, el cierre alcanza a pubs, restaurantes, estadios y teatros. Desde lo económico, anuncian que el gobierno subvencionará hasta el 80 por ciento y hasta 2.500 libras los salarios de aquellas empresas cuyos empleados deban no ir a trabajar.
La City financiera trabaja a domicilio. Aparece desierta pero los mercados funcionan. Únicos interrogantes la capacidad y la seguridad de las redes para reemplazar el funcionamiento físico de los mercados. ¿Y si los teleoperadores enferman?
Finalmente, el 23 de marzo, el primer ministro Johnson decreta el confinamiento total. A esa fecha, los muertos sumaban 335. Para Gran Bretaña, tierra de libertades y de Estado de Derecho, la decisión es particularmente difícil y tensionante.
Junto a la reina y a las Fuerzas Armadas, el NHS (Servicio Nacional de Salud) goza de enorme prestigio en el país. Su campaña de reclutamiento para asistir a las personas mayores y grupos vulnerables pretendía reunir 250.000 aspirantes, juntó 600.000. Hizo entonces un segundo llamado para alcanzar 750.000.
Y el contagio del primer ministro, que sucede al del heredero al trono, el príncipe Carlos de 71 años, ocurrido dos días antes. También el ministro de Salud, el consejero jefe en medicina, el negociador del Brexit. Todos los ministros y la pareja del primer ministro, embarazada, están confinados.
Confinados en el Castillo de Windsor, la reina Isabel -93 años- y su marido, Felipe de Edimburgo -98-, de momento, sanos y salvos.
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