Traición a la patria

Parecen hechos disímiles. Distantes. Sin vinculación. No obstante, las características de ambos contextos los emparentan. Se trata del pedido de desafuero para Cristina Kirchner y el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte del presidente Donald Trump.
Es que la decisión, en ambos casos, parece depender, en buena medida, de acontecimientos políticos ajenos.
O se trata de pura casualidad o ambos requirieron de pasos -¿Acuerdos?- previos “necesarios” para avanzar tal como se hizo.
En síntesis ¿En la decisión del juez Claudio Bonadío influyó o no la constitución de un bloque mayoritario dentro del peronismo senatorial que aisló a Cristina Kirchner? ¿En la de Donald Trump, la elección de Irán como enemigo principal de las monarquías petroleras árabes fue o no un factor determinante para el paso del aliado Trump?
Casi siempre, en política, exterior o interior, las decisiones no suelen conformar cuestiones aisladas. Se nutren y se influencian desde el contexto. No se las separa del momento, sino todo lo contrario.
El memorándum con Irán, elemento clave de la causa contra Cristina Kirchner y algunos de sus colaboradores por traición a la patria, fue firmado en el año 2013. 21 años después del atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina y 19 años después del atentado contra la mutual judía AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina.
Dos años más tarde, en 2015, el fiscal Alberto Nisman acusó a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento y, casi inmediatamente, apareció muerto en un baño de su domicilio con un balazo en la sien. 
Finalmente, después de toda clase de obstrucciones al accionar de la justicia, el peritaje determinó que el fiscal fue asesinado.
A lo largo de las dos décadas transcurridas, siempre las decisiones judiciales estuvieron vinculadas al momento político que vivía el país.
Cuando se investigaba solo a la “conexión local”, cuando se acusó a los distintos miembros del gobierno iraní por el atentado de la AMIA, cuando fue acordado y firmado el memorándum de entendimiento con Irán, cuando intervino y, en consecuencia, fue asesinado el fiscal Nisman, cuando, finalmente, el juez Bonadío concretó sus acusaciones.

La acusación
Dos cuestiones quedan sujetas a controversia a partir de lo decidido por el juez de la causa: la traición a la patria y el pedido de desafuero para proceder a la prisión preventiva de la ex presidenta.
Como siempre ocurre con cuestiones vinculadas al derecho, en particular cuando afectan a las más altas esferas de poder –pasado o presente-, la biblioteca queda dividida en dos: quienes están de acuerdo y quienes no lo están.
¿Fue o no un acto de traición a la patria la firma del memorándum con Irán?
El artículo 214 del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare ayuda o socorro”.
El último punto del artículo es el que debe ser tenido en cuenta: “les prestare ayuda o socorro”
Corresponde pues determinar si Irán fue un enemigo de la Nación.
Desde la sanción de la Carta de las Naciones Unidas en junio de 1945, la palabra guerra fue prácticamente borrada del lenguaje legal, aunque no, claro, de los hechos. Desde entonces no se verificó ningún caso de “declaración de guerra”. No obstante, las guerras se sucedieron y se suceden sin solución de continuidad.
Ahora bien, entre las razones que dan origen a la guerra figuran los actos terroristas, más aún cuando detrás de dichos actos terroristas, la autoría material o intelectual es producto de funcionarios de un Estado extranjero.

Aquí encuadra la situación con Irán
La justicia argentina culpó a ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés, miembro del paramilitar partido Hezbolá, por el atentado contra la AMIA, entre ellos Mohsén Rezai, ex jefe de la oficial Guardia Revolucionaria Iraní; Ahmad Vahidi,  jefe de la Guardia Revolucionria al momento del atentado y,a posteriori, ministro de Defensa de Irán, sindicado como autor intelectual; Alí Fallahijan, ex jefe de Inteligencia de Irán y los diplomáticos iraníes, por aquel entonces destacados en la Argentina, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Hadi Soleimapour, junto al ministro de Relaciones Exteriores de la época, Alí Akbar Velayatí.
Además, Velayatí y Vahidi fueron candidatos presidenciales en las elecciones del 2013.
En otras palabras, para la justicia argentina fueron miembros del gobierno iraní los autores del atentado contra la AMIA, en el que perdieron la vida 86 personas y casi 300 resultaron heridas.
Poco debe importar si el país agredido respondió o no la agresión. Es decir si estableció un estado de guerra, a través de una declaración formal o a través de una respuesta de hecho.
El hecho terrorista dispuesto, planeado y ejecutado por miembros de un gobierno extranjero importa un “casus belli”, causa de guerra y, por tanto, sus autores, materiales e intelectuales, son enemigos de la patria. Prestarles ayuda es traición, según lo establecido por el artículo 214 del Código Penal.
Dicha ayuda se materializaba a través de la negociación en secreto, primero, y de la firma a posteriori del memorándum de entendimiento que firmó en, Addis Abeba, Etiopía, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman.
La negociación secreta fue denunciada por un gran periodista argentino José “Pepe” Eliaschev quien fue duramente atacado, como mentiroso y falso, por Timerman, por el gobierno y hasta por la dirigencia circunstancial de los familiares de las víctimas.
No obstante, Eliaschev revelaba la verdad.
El acuerdo contemplaba la creación de una Comisión de la Verdad sobre el atentado contra la AMIA. Intención que equivalía a cuestionar “la verdad” a la que habían llegado los tribunales argentinos. Es decir, las acusaciones contra los altos funcionarios del gobierno iraní.
Fue por orden expresa de la entonces presidente Cristina Kirchner que el memorándum fue aprobado por 39 votos a favor y 31 en contra en el Senado y por 131 a favor contra 113 en contra en diputados.
Amparado por el memorándum, el nuevo presidente de Irán, Hassan Rohani, solicitó, en 2013, que Argentina levantara los pedidos de captura internacional emitidos a Interpol contra los funcionarios iraníes implicados.
Pero Interpol hizo caso omiso y ratificó la vigencia de los pedidos de captura. Todo indica que desde ese momento en adelante, el gobierno iraní perdió interés sobre la cuestión y el parlamento de aquel país, jamás lo ratificó.

El acuerdo de la traición
El Memorándum, ratificado por el Parlamento argentino con mayoría K, estipulaba la creación de una Comisión de la Verdad, o Comisión de Expertos, integrada por argentinos, iraníes y neutrales.
En otras palabras, los acusados de cometer el atentado iban a “investigar” sobre su eventual culpabilidad.
No establecía plazo, ni procedimientos. Contradecía las leyes argentinas que no establecen valides para ningún organismo por el estilo y colocaba a los presuntos culpables en situación de impunidad, solo revocable por el gobierno iraní, al cual pertenecían.
Por supuesto que desde el lado kirchnerista ensayan la consabida defensa del “gobierno macrista que persigue a los opositores”. La propia imputada Cristina Kirchner armó una conferencia para acusar al presidente de ser el “director de la orquesta” y al juez Bonadío de ejecutante en dicha orquesta.
Luego pidió a los peronistas que defiendan los derechos de los jubilados, los trabajadores y las “grandes mayorías nacionales” a las que, por supuesto, no identificó y que seguramente, deben ser otras que las que dieron un triunfo contundente a Cambiemos en las últimas elecciones nacionales que ella perdió.
Por su lado, el Gobierno dejó traslucir un malestar con las decisiones del juez Bonadío. No por la cuestión de fondo, sino por la decisión de pedir el desafuero para dictar prisión preventiva contra la ex presidenta.
Cabe recordar que el juez decretó la prisión preventiva para otros imputados como el ex candidato a vicepresidente Carlos Zannini, para el ex canciller Héctor Timerman y para los agitadores Luis D’Elía y Fernando Esteche.  Por supuesto, Cristina Kirchner no vertió la más mínima palabra de solidaridad hacia el resto de los imputados. Allá ellos.
Lo del Gobierno, sin equiparar responsabilidades, tampoco es comprensible. Salvo por aquello de una posible victimización de Cristina Kirchner que despierte improbables solidaridades más allá de sus acólitos.
Pero más que nada no es comprensible porque debe decidir si emite o no juicios de valor frente a lo que decide la justicia. En otros términos, si el Gobierno pretende una justicia independiente debe callar cada vez que los tribunales emiten un fallo o toman una decisión. 
De lo contrario es un “no actúo pero actúo” aunque lo haga tarde. Seguramente, no condiciona frente a una decisión tomada pero sí frente a una decisión futura.
El juez Bonadío resolvió la prisión preventiva en función de la doctrina Irurzun, el juez que ordenó la prisión preventiva para el ex diputado Julio De Vido. 
Irurzun justificó aquella decisión en los “lazos funcionales” tejidos en el poder que podrían ayudar a un ex funcionario a entorpecer la investigación en su contra. Vale ¿O alguien ignora el “poder de los poderosos”? ¿O acaso no existen los “carpetazos”? ¿O las complicidades?

La corrupción
Las causas contra Cristina Kirchner se acumulan en los tribunales federales en distinto estado procesal.
La más avanzada es la vinculada con las maniobras con el dólar futuro. Ya fue elevada a juicio y, en ella, Cristina Kirchner está acusada de maniobras ruinosas para el Estado con la venta de dólares. 
Le siguen las causas por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez; la causa Los Sauces; y ahora la traición a la patria por el encubrimiento del atentado a la AMIA, que la cuentan como procesada.
Luego se ubica la causa de Hotesur, donde están involucrados sus dos hijos y en la que fue citada a indagatoria. Por último la denominada “La Rosadita” donde el juez Casanello aún no concluyó la investigación.
Ya suman 22 los kirchneristas detenidos por causas vinculadas a la corrupción, a los que se suma ahora la traición a la patria. Desde febrero del 2016 a la fecha, cayeron, entre otros, Ricardo Jaime, José López, César Milani, Roberto Baratta, Julio de Vido y Amado Boudou. 
Ahora, Héctor Timerman, Carlos Zannini, Luis D’Elía y Fernando Esteche.
Pero la cosa no termina allí. 
Esta semana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) acusó a su ex titular Ricardo Echegaray de ocultar a la justicia la deuda por 1.700 millones de pesos que Lázaro Báez –el más que probable testaferro de Néstor Kirchner- mantenía con la entidad.
Echegaray suma así un nuevo perjuicio para las cuentas estatales y un nuevo “favor” a los “amigos” de los Kirchner, tras la “vista gorda” que hizo frente a la estafa por apropiación de 8.000 millones de pesos que Cristóbal López debió ingresar al Estado como agente de retención del impuesto a los combustibles por parte de su empresa Oil.
Con ese dinero estafado al Estado, Cristóbal López construyó, entre otras cosas, un grupo mediático afín al kirchnerismo entre los que se cuenta a C5N, el medio que anunció el triunfo de Daniel Scioli y Aníbal Fernández hace dos años.
Por último, aunque solo por esta semana, hay que contabilizar los allanamientos por la sospechosa venta de Villa La Ñata que escondería una maniobra de lavado de activos por parte del hoy diputado nacional, ayer gobernador de la Provincia de Buenos Aires y frustrado candidato presidencial, Daniel Scioli.
Se trata en rigor de dos maniobras. Por un lado, la compradora del terreno de Scioli fue la empresa Miller Building, “casualmente” proveedora del Estado provincial durante la administración del motonauta, beneficiada con múltiples obras públicas en la provincia.
Por el otro, el lavado del propio Scioli que vendió el predio en un valor muy superior al informado previamente. Fue vendida en un valor siete veces superior al declarado.
Traidores a la patria…