Apareció el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Apareció, además, sin lesiones, sin orificios de bala, sin huesos rotos, sin nada que revele que fue víctima de alguna violencia. Quedan incógnitas por resolver. Pero, sobresale una certeza: a Maldonado no lo mató nadie.
Duro y chocante para todos aquellos que se empecinan en dotar al, por demás largo episodio, de características conspirativas, represivas por fuera de la ley, violadoras de los derechos humanos, asemejadas a la “criminalización” de la protesta social y demás condiciones propias de la dictadura militar del período 76-83.
Duro y chocante porque no fue el Estado, ni una política deliberada del Estado la que acabó con la vida del tatuador que apoyaba la causa de un grupo violento y delictual, partidario de la creación de un Estado mapuche separado de la Argentina y de Chile.
Duro y chocante porque no fue una fuerza del Estado, la Gendarmería Nacional, la causante de la muerte del momentáneo activista.
Duro y chocante, porque ni siquiera fueron algunos gendarmes, excedidos en su comportamiento, quienes asesinaron a Maldonado.
Es cierto. Aún restan conocer detalles, no menores por cierto. Pero, nada indica que fueran a desmentir las afirmaciones anteriores.
Tal vez murió por un paro cardíaco producto de una hipotermia. Tal vez, murió por ahogo. En todo caso, no murió por violencia. Salvo, claro, que en la sempiterna manipulación del lenguaje y la realidad que llevan a cabo algunos interesados, consideren como muerte violenta al paro cardíaco o al ahogo que sobrevino como consecuencia del desalojo por parte de la Gendarmería del corte de la ruta.
Sí, claro, se trata de una interpretación sesgada a la que siempre pueden echar mano los violentos que atacaron la sede del gobierno comunal en Mar del Plata, que pintarrajearon el Cabildo de Buenos Aires, que arrojaron bombas Molotov en La Plata.
Y no solo los violentos. También los especialistas en tergiversar la realidad como Estela de Carlotto, convertida en una opinóloga carente de fundamentos en todo aquello que sirva para atacar al gobierno nacional por lo que hace, lo que deja de hacer, lo que no hace, lo que planea hacer, lo que hará y alguna cosa más.
Restan conocer detalles, es cierto, pero los dos interrogantes principales quedaron resueltos: Santiago Maldonado ya no está desaparecido, sino muerto y su muerte no se debió a causas violentas provocadas por terceros.
Conclusiones y especulaciones
Según los trascendidos no desmentidos por el juez, el cuerpo fue encontrado en un lugar señalado por un integrante del RAM –Resistencia Ancestral Mapuche-, al parecer en conflicto con otros integrantes de la banda.
Por ende, cualquier especulación sobre una eventual “plantada” del cadáver debería quedar direccionada hacia el RAM. No obstante, las versiones interesadas optaban por imaginar todo lo contrario.
Algo así como un cuerpo plantado por gendarmes debido a órdenes superiores que, casi con certeza, bajaron desde el propio presidente Mauricio Macri.
Se trata por cierto de versiones interesadas pero que responden al imaginario argentino, profesional o lego, que siempre opta por las teorías conspirativas, aun cuando la realidad muestra lo contrario y, más aún, cuando la verdad, como en este caso, tarda en ser comprobada.
Ahora, por ejemplo, en la búsqueda de algún detalle que no cierre, los representantes del Centro de Estudio Legales y Sociales que responde al ex oficial de inteligencia montonero y acérrimo kirchnerista, Horacio Verbitsky, pretenden que la cachiporra –tonfa- que Maldonado detentaba en su mano derecha le fue “plantada”.
No importa que la cachiporra esté completamente oxidada por la acción del agua del río donde el cadáver de Maldonado permaneció sumergido. Se la plantaron. Pero, si está oxidada y la llevaba, su intención fue golpear a alguien, llegado el caso. Se la plantaron. ¿Pretendía enfrentar a la Gendarmería? Se la plantaron.
Nada los convence porque interponen sus intereses políticos por sobre la verdad.
Sin dudas, el episodio Maldonado que llega a su fin, formó parte de las manipulaciones con que un sector político pretendió encarar la elección de hoy. Ahora, por supuesto, no cargan con las culpas.
Con excepción de Carlotto, hacen mutis por el foro.
Para cerrar el capítulo y con la provisoriedad del caso, hasta aquí, Santiago Maldonado se unió y participó de una de las actividades delictivas –el corte de ruta- del RAM, fue junto con el resto de los participantes desalojado por efectivos de la Gendarmería, pretendió huir por el río y murió ahogado.
Ahora, la justicia
Sin doble intención, por mera opción periodística, el hallazgo del cadáver de Maldonado, su transporte a Buenos Aires y la posterior autopsia, contribuyeron a limitar los efectos de la decisión de dos jueces federales de solicitar el desafuero del diputado Julio de Vido.
Por un lado, la solicitud fue formulada por el juez federal Luis Rodríguez en la causa donde es investigada la malversación de fondos asignados por el ya desaparecido Ministerio de Planificación Federal –que encabezaba De Vido- por un total de 26 millones de pesos. Algo así como unos 1.400 millones de dólares.
Se trata de un dinero que debió, de acuerdo con lo dispuesto por el propio De Vido, ser utilizado para la modernización de la explotación del yacimiento de carbón de Río Turbio, pero fue desviado hacia otras actividades por las que se pagaron increíbles sobreprecios a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
La otra causa por la que el juez federal Claudio Bonadío también solicitó el desafuero de De Vido es la que corresponde al pago de sobreprecios por la compra de gas licuado a través de la empresa ENARSA, una pantalla para los negocios turbios de De Vido y su adjunto, ahora bajo arresto, Roberto Baratta.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados determinará, pasado mañana, el desafuero del ex ministro y actual diputado. En caso de resultar aprobado, De Vido, quién ya vació su despacho, será detenido de manera inmediata.
El caso no debería extrañar, pero extraña. Es que el accionar de la justicia argentina, no solo suele ser demasiado lento, sino que desde ya hace varios años, la colonización del aparato judicial llevado a cabo por el anterior gobierno constituyó una acción deliberada para asegurar impunidad a los principales involucrados.
Con honrosas excepciones, ese aparato funcionó y aun funciona de manera proporcional al poder político que detentan quienes lo crearon.
A la luz de los más que probables resultados electorales, el aparato de marras quedó resquebrajado. Quienes no formaban parte comenzaron a actuar a sabiendas que ya no serían efectivizadas las amenazas de destitución que pesaban sobre ellos.
Quienes sí formaban parte pero no eran pasibles de acusaciones por corrupción comenzaron a tomar independencia. Restan claro aquellos que no tienen dónde ir.
A medida que la protección judicial se diluye, los acusados por corrupción orientan sus mecanismos de auto preservación hacia el amedrentamiento de quienes fueron sus partícipes necesarios para llevar adelante sus quehaceres delictuales.
Durante la semana trascendió que no fueron pocos los actores que, pertenecientes al sector privado, se les hizo llegar alguna advertencia sobre un arrastre que sobre ellos provocaría la caída del otrora poderoso ministro.
Fueron unos cuantos quienes se asustaron y consideraron a la amenaza como algo serio. Hasta el momento, son pocos y contados con los dedos de la mano, los llamados “empresarios” que cayeron como consecuencia de las detenciones de y posteriores procesos judiciales de Ricardo Jaime y de José “bolso” López.
Pero, De Vido es un pez mucho más gordo. De Vido llega a las entrañas del poder durante los doce años del gobierno anterior. De Vido es la antesala de los ex presidentes hoteleros. De Vido son las conexiones internacionales. De Vido es la vinculación con la obra pública, con la energía, con el transporte, con las comunicaciones, con la hidrovía, con casi todo.
Por tanto, preocupa y mucho. A todos quienes mantuvieron negociaciones con él. Y, por supuesto, a quién está por encima de él.
Desde la política, entregar a De Vido implica un punto de partida para dejar atrás al kirchnerismo por parte del resto del peronismo. Obviamente, como siempre allí ocurre, las lealtades de ayer conforman la ante sala de las traiciones de hoy. Y de los arreglos de mañana.
Ahora es el momento del despegue. Todos cumplen con el ritual. Hasta quién fue su jefa. Por poco no dice que nunca lo conoció y que no sabe quién es.
Sabe perfectamente que el tiro a De Vido es un tiro contra ella, pero lo disimula. Veremos cómo votan sus diputados el martes próximo en el desafuero.
De momento, salvo algún ensayo de interpretación política –como que el pedido de desafuero es el acto de cierre de la campaña de Cambiemos- el silencio de radio entre los “parlanchines” del gobierno anterior, es atronador.
Siempre listos para inventar teorías conspirativas en el caso Maldonado o en comparar al gobierno constitucional con la dictadura de los 70, nada dicen sobre la sucesión interminable de los casos de corrupción. ¿Son todos cómplices? A juzgar por el silencio y la falta de indignación…
Es que así como buena parte de la sociedad argentina ama las teorías conspirativas por sobre la verdad, otra buena parte –a veces mezclada- prefiere la ideología –por lo general, mero populismo, más que nada, declamativo- a la honestidad, gusta de la mentira, repite el relato y aplaude la post verdad.
Taras para nada sencillo de subsanar.
La cúspide
Y en esto de desarticular el aparato protector de la impunidad que el gobierno anterior montó en el Poder Judicial, no resulta para nada menor el reciente fallo del juez federal en lo Contencioso Administrativo, Pablo Cayssials, que declaró inconstitucional el artículo 76 de la Ley 27.148 que regula al Ministerio Público Fiscal.
Sin dudas, el fallo se ajusta a derecho. La Constitución Nacional enumera taxativamente los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político. Entre ellos –tal como lo afirma el fallo del juez Cayssials- no figura la jefa de los fiscales.
En otras palabras, obra del gobierno anterior –cuando no- mediante la sanción de una ley ordinaria modificó la norma constitucional. Ergo, es inconstitucional.
De aquí en más, el destino de Alejandra Gils Carbó como procuradora general pende de un hilo. Y su libertad también si se comprueba el pago de sobreprecios y otras irregularidades en la compra del edificio destinado al Ministerio Público Fiscal.
Llegar a Gils Carbó es llegar a la cúspide de la impunidad. Su rol como jefa de los fiscales no fue hacer cumplir la ley, ni esclarecer delitos, mucho menos buscar la verdad. Su tristísimo papel se limitó a entorpecer cuánta causa existiese de sospecha sobre los funcionarios del gobierno anterior.
Fue el paragolpes judicial, la garantía final de la impunidad.
De momento, el gobierno hizo trascender que no la va a remover de manera inmediata sino que impulsará una reforma general de la ley orgánica del Ministerio Público, que incluirá lo dispuesto por el juez Cayssials.
Una demora injustificable. Nada impide remover a la dueña de la guarida de manera inmediata y luego pergeñar la nueva ley. Cierto es que Gils Carbó le cabe el derecho de apelar el fallo e inclusive llegar a la Corte Suprema de Justicia.
El Gobierno confía en la nueva composición de las Cámaras y en la necesidad de renovación en el peronismo.
Por lo primero, aumentará sensiblemente sus bancadas. Por lo segundo, en su afán de desprenderse del pasado, imagina a un peronismo que acompañará la nueva ley. Ergo, recién entonces la remoción, si no se produjo una renuncia previa.
No está mal desde lo táctico, pero resulta demasiada espera para algo que requiere una solución que lleva dos años demorada.
Siempre, claro, el consenso es mejor. Pero no parece serlo, cuando pone en riesgo el objetivo.
Más aún cuando hace falta discutir otras leyes como la reforma fiscal, o como la distribución de la coparticipación, o como la reforma laboral que sí, efectivamente, requieren de un consenso para ser sancionadas.
No vaya a ser que lo de Gils Carbó resulte a la postre demasiado caro sin necesidad de serlo y, lo que es peor, que esta señora continúe con su tarea de garantizar la impunidad de quienes asaltaron el país
En fin, una buena semana. El fin del relato en el caso Maldonado, el asedio al principal operador –no el principal beneficiario- de la corrupción y la puesta contra las cuerdas de la garante de la impunidad, conforman un avance poco común para una Argentina que adolece de muchas cosas, entre ellas, principalmente, la credibilidad.
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