Arsénico en el agua: municipios de la Región iniciaron amparos colectivos

Luego del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, que establece que “el acceso al agua potable es un derecho humano básico” y benefició a vecinos del distrito de 9 de Julio afectados por el alto contenido de arsénico en la red de agua potable, otros distritos comenzaron a organizarse para reclamar la misma medida, que obliga a la empresa estatal ABSA a suministrar agua en bidones hasta tanto solucione el problema.
En diciembre del año pasado, el máximo tribunal del país falló en una causa iniciada por un grupo de vecinos de 9 de Julio contra ABSA por los altos niveles de arsénico en la red domiciliaria, y ordenó al juez de la causa que haga lugar al pedido de los denunciantes y obligue a la empresa a repartir agua potable en los domicilios hasta que se realicen las obras pertinentes.
En ese fallo, la Corte pidió a los jueces en general que tutelen el derecho de la población al acceso al agua potable, recurso que declaró como “un bien público fundamental para la vida y la salud”. Y pidió que se aceleren los procesos en los que se vea vulnerado el derecho al acceso al agua potable para “evitar la frustración de derechos fundamentales”.
Tras la medida judicial, habitantes de otros municipios afectados por la alta presencia de arsénico en el agua también iniciaron amparos colectivos.
El impulso que dio el pronunciamiento de la Corte nacional llevó a vecinos de Alberti, Bragado, Chivilcoy, Pehuajó, Rojas y Los Toldos, entre otras comunas de la zona, a reclamar a ABSA los mismos beneficios que los usuarios de 9 de Julio.
Fernando Cabaleiro, el abogado que patrocinó a los vecinos de 9 de Julio, señaló que el fallo de la Corte animó a otras organizaciones vecinales a realizar denuncias contra ABSA y algunos municipios que tienen a su cargo el servicio, aprovechando que la disposición del máximo tribunal sienta un precedente favorable.
Es que el fallo ordenó al juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes, que tramitó la causa 9 de Julio, a fallar a favor de los vecinos en ese y otros casos en los que la falta de acceso al agua potable vulnere sus derechos y ponga en peligro la salud. En esa línea, ratificó un fallo de primera instancia que obligaba a la empresa a distribuir bidones de agua potable a los damnificados, ampliando el beneficio a todos los habitantes del distrito.
El letrado explicó que en los casos de Alberti, Bragado y Chivilcoy ya se encuentran en sede judicial, mientras que vecinos de Pehuajó, Los Toldos y Rojas están iniciando el camino judicial.

Cómo se llegó al fallo
La resolución de la justicia, cabe recordar, surgió a partir del caso de 9 de Julio, donde el problema con el agua y el alto nivel de arsénico es bien conocido por los vecinos.
Analía Canusso (56) es parte de la organización 9 de Julio-Todos por el Agua y tiene hacre: hidroarsenicismo crónico. El médico que la atendió y derivó a La Plata en 2006 fue el intendente radical Walter Battistella, que aún gobierna la ciudad. Un funcionario que, en 2007, hizo su campaña basada en el agua, en una planta potabilizadora que recién este año está en construcción.
Analía estuvo seis meses postrada en su casa, hasta que por una mancha se descubrió el desastre: tenía varios tumores en la piel del rostro y un 67% de arsénico en orina. “En 2007 le digo a la dermatóloga lo que pasaba con el agua acá y me manda a toxicología al Sor Ludovica. Cuando me vio la planta de los pies y las palmas de las manos, el toxicólogo me dijo que seguramente era el arsénico. Me dieron quelantes, un medicamento fuertísimo para eliminar el metal pesado. Pero el daño ya estaba hecho.” Hace 7 meses que Analía está jubilada por incapacidad.

Panorama que asusta
El mapa de arsénico de la provincia de Buenos Aires asusta. El caso de 9 de Julio no es un hecho aislado: Lincoln, Pehuajó, Carlos Casares, Bragado, Alberti, Chivilcoy, Junín y Chacabuco son otras ciudades en las que el problema es conocido porque los vecinos también se movilizaron. Pero son muchas más las que tienen el arsénico en niveles mayores a los permitidos por el Código Alimentario Argentino (0,01 mg/l) y todavía no saben que están consumiendo un líquido que les puede causar, entre otras cosas, cáncer de piel.
“Tanto el gobierno provincial como ABSA (la empresa Aguas Bonaerenses) lo saben, en estos cuatro años que nos hemos estado reuniendo nunca lo negaron y ellos mismos nos han dicho que no pueden solucionar el problema porque el 80% de la provincia está igual”, explica Julia Crespo, presidenta de la organización que logró un fallo histórico.
“9 de Julio-Todos por el Agua” empezó por Facebook. Como se sumaban 300 personas por día, Julia Crespo y Juan Kersich, junto con otros vecinos, armaron la primera reunión vecinal el 24 de septiembre de 2010. El objetivo era demostrar que había arsénico en el agua. Empezaron, entonces, a hacer una campaña de concientización. Hacían carteles, sumaban cada día más voluntarios parando a la gente en la peatonal para decirle que el agua que salía de sus canillas estaba envenenada.
Mientras, hacían los análisis: recibían las muestras de orina de los vecinos y completaban una planilla por cada persona en una sede que llamaron “la casita”. Después mandaban todo a analizar a la Universidad Nacional de Rosario. Luego el resultado llegaba por mail. “Conseguimos donaciones de empresas y comercios e hicimos cerca de 200 análisis, el 70% de esa gente tenía altos los niveles de arsénico”, cuenta Julia Crespo.
Los vecinos insisten que éste es un problema que tienen desde siempre. Mientras tanto, pagan el agua que sale de sus canillas, un agua que no pueden consumir. Pagan, también, una factura que no los advierte del nivel de arsénico que tiene lo que toman. Desde enero de 2011, fecha del primer fallo, ABSA incumple con la orden judicial de informar ese dato.
Miguel Dicipio es el jefe de operaciones de ABSA en 9 de Julio y dice que el arsénico está en todos lados, en el cigarrillo, en la tintura del pelo. Julia Crespo se enoja. “¿Te dijo eso? En las reuniones ya no lo puede decir más de lo que le discutimos. Uno decide fumar o teñirse, puede vivir sin eso, pero no puede vivir sin tomar agua”. Además, Dicipio dice: “No tenemos ningún caso comprobado de que el arsenicismo en el cuerpo sea producto del agua”. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) determinó que el arsénico es carcinogénico.

Planta de ósmosis inversa
Al lado de las oficinas de ABSA (Cardenal Pironio 689) hay una planta de ósmosis inversa. De ahí sale el agua de las canillas comunitarias a las que la gente debe ir con sus bidones a buscar agua potable. Luego tienen tres puntos en la ciudad, que funcionan uno el miércoles, otro el jueves y otro el viernes, de 10 a 14, donde entregan agua en sachets. Catorce litros por semana por factura presentada, es decir, por cada casa. En el fallo dice no menos de 200 litros por persona por mes. Si viviera una sola persona por casa, los litros que tiene por mes son 56. Entonces los otros 144 debe ir a juntarlos en bidones a la canilla comunitaria más cercana.
“Son parches que hicieron”, dicen los integrantes de 9 de Julio-Todos por el Agua, que no se rendirán hasta ver terminada y en funcionamiento la nueva planta de agua.

La obra del acueducto
El nivel de arsénico en el agua también se debatió recientemente en la Legislatura bonaerense, a partir de un pedido del diputado del bloque Frente Amplio Progresista (FAP)  por Rivadavia, Abel Buil, quien solicitó que se incluya la obra del acueducto del Río Paraná.
Ese emprendimiento fue desarrollado en conjunto por la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia durante 2010 y 2011.
La iniciativa alcanza a los partidos de Florentino Ameghino, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve De Julio, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Rivadavia, Rojas, Salliqueló, San Nicolás, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Guaminí, Daireaux, Trenque Lauquen y Tres Lomas.
Como se dijo, el problema del arsénico obligó a varios municipios y a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. a repartir, ya sea por iniciativa propia u orden judicial, botellones con líquido apto para beber, medida que ya se implementa en Nueve de Julio, Alberti, Lincoln, Rivadavia,  San Nicolás, entre otros.
El intendente de Rivadavia, Sergio Buil, hermano del diputado bonaerense por el FAP que realizó el pedido en la legislatura afirmó que el distrito se encuentra “complicado” en función al máximo permitido de 0,01 miligramos por litro de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, aclaró que dentro de la reglamentación vigente de 0,05 en la Provincia de Buenos Aires se encuentran dentro de la norma.
“Tenemos agua corriente para bañarnos, pero para tomar y hacer la comida tenemos una planta de ósmosis inversa y se reparten bidones de agua potabilizada casa por casa”, dijo Buil, quien además explicó que en esa zona “el agua tiene bastantes problemas de sales, un gusto muy feo”.