El affaire de las prepagas expuso al presidente Javier Milei al ejercicio real de gobernar, lejos de la teoría de académico fanático del mercado que pregonó desde que saltó a la fama como panelista de programas de televisión.
El Gobierno desreguló el sector de la medicina privada con el famoso DNU Nº 70 y el mercado le respondió con lógica corporativa, que es una de las formas que tiene el mercado de pararse frente a la realidad económica: no hubo competencia entre las firmas para captar más afiliados bajando precios sino un acuerdo del sector que el oficialismo define como “cartelización” para aumentar las cuotas en forma bastante brutal, en una carrera por balancear costos y ganancias que habían perdido su equilibrio durante años de injerencia estatal kirchnerista en el asunto.
Así, el mercado obligó a Milei a recurrir a la receta maldita: su gobierno impondrá ahora a las empresas de medicina prepaga que retrotraigan los valores de las cuotas a diciembre pasado y las actualicen por el Índice de Precios al Consumidor, léase inflación. El gobierno libertario, pues, ha caído en el control de precios que tanto ha vapuleado. La realidad sepultando la teoría.
Una mirada muy benigna podría leer la cuestión como una jugada híper pragmática del Presidente más que un renunciamiento. Cuestión de matices. Es claro que en la Rosada tomaron nota del enorme malestar de la clase media y media alta por el salto en las cuotas de las prepagas, que en muchos casos achica notablemente el ingreso de los trabajadores en relación de dependencia, que desvían el aporte sindical de salud y el de los autónomos que facturan en forma independiente.
Interrogantes
¿Qué pasará cuándo los servicios - luz, gas, comunicaciones- también escalen a valores altos luego de la quita de subsidios, boletas que ya están llegando muy cargadas? ¿Habrá un nuevo gesto de pragmatismo o como son consumos no vitales el fastidio registrado será menor o más aguantable? Misterio de revelación inminente. Ayer el Senado nacional fue el protagonista de la jornada. Hacia el cierre de la sesión, los senadores votaron un proyecto de resolución sobre tablas -sinónimo de celeridad- y aprobaron un aumento de sus dietas. Fue a mano alzada, sin tablero identificatorio, sin debate. Sus sueldos a partir de junio próximo pasarán de $1,7 millones a más de $4 millones.
Fue el segundo intento. Semanas atrás, una suba en base a una resolución conjunta con los diputados tuvo que retrotraerse por presiones presidenciales. La votación de ayer, aparentemente, no fue acompañada por el oficialismo, pero tampoco se escucharon discursos libertarios en contra. El silencio a veces es una forma de acompañar.
Cuestionamiento
Milei salió a cuestionar el aumento de esas dietas muy duramente por redes sociales, la forma que ha elegido para comunicarse con la gente. Otra vez con aquello de que era una movida de “la casta”. Buscó diferenciarse él mismo -recordar que hace poco debió bajar un aumento en los salarios del Poder Ejecutivo que había firmado- y a resaltar la actitud de los senadores de La Libertad Avanza. “Los únicos que votaron en contra”, escribió. En verdad, hubieron legisladores del ex Juntos que no acompañaron. El Presidente enmendaría su error más tarde, con otro posteo.
Ese Senado es el mismo que ayer votó un trámite que venía demorado, trabado: la aprobación de los pliegos de seis embajadores que había propuesto el Presidente, entre ellos el destinado en Israel, el rabino Axel Wahnish, quien había recibido varios cuestionamientos. También fueron aprobados Guillermo Nielsen en Paraguay, Gerardo Werthein en Estados Unidos, Agustín Caucino en la India, Ian Selecki en Francia y Sonia María del Milagro Cavallo, la hija del ex ministro Domingo Cavallo, en la Organización de Estados Americanos (OEA). Todas las aprobaciones fueron por unanimidad. El Gobierno, en notable minoría legislativa, lo tomó como un logro político por aquello de la demora que se venía evidenciando.
“¿Embajadores a cambio de suba salarial al cuerpo?”, podría preguntarse un mal pensado. Sería otra concesión de Milei a su vapuleada “casta”, que nunca será reconocida como tal y que tendrá su paroxismo si se aprueba el pliego del polémico y castizo juez federal Ariel Lijo como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un nombre que, tal como establece la Constitución, fue elegido por el Presidente.
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