a las necesidades del presidente de la República, que nos está presidiendo desde ese sillón.
Borlenghi. -Porque es un caso excepcional, como el de Roosevelt.
Lebensohn. - A confesión de parte, relevo de prueba. La mayoría, por la voz de su miembro informante, ha declarado que la reforma de este artículo se hace para Perón, que era lo que nosotros sosteníamos ante el pueblo argentino.
Waite Figueroa. - Perón es el San Martín de la época.
Lebensohn. - El elogio del señor convencional es pequeño. A Leguía lo llamaban el Júpiter americano...
Presidente (Mercante). - Ruego a los señores convencionales que no interrumpan al orador.

Ayer y hoy

Lebensohn. - Lo más extraordinario es que el propio actual presidente de la República y el presidente de la Cámara Revisora de la Constitución han tenido un concepto tan cerrado de lo que debe ser el mecanismo que impida las reelecciones en la vida argentina, por sus efectos nocivos de la moral cívica, que cuando subscribieron en calidad de ministros del gobierno de facto el derecho orgánico de los partidos políticos, establecieron en función de dignidad política, que no podían ser reelectos, por ningún concepto, ni por ninguna mayoría, los presidentes, los vicepresidentes y los secretarios de hasta los subcomités de barrio. Y ahora quieren la reelección del presidente de la Nación.

La actitud radical

El Radicalismo adjudica a esta reforma constitucional la única finalidad que acaba de confesarse públicamente. Su actitud no puede ser modificada por la existencia de algunas disposiciones que contemplan anhelos sostenidos por nuestro partido. Han sido expuestos, en general, en forma de simples enunciados teóricos, desprovistos del sistema de garantías indispensable para su eficacia y exigido por el moderno constitucionalismo, y repiten el arsenal de frases creado para desorientar a la opinión pública y levantar una cortina de humo sobre el objetivo de la reforma. La negativa del sector radical, impuesta por las circunstancias en que vive el país, no implicará definición sobre ningún principio particular en sí, sino considerándolos en su carácter de partes inseparables de un plan destinado a sofocar las libertades argentinas.
Reelección presidencial, constitucionalización de la legislación represiva del Régimen, culminación del proceso de centralización. He ahí la reforma. Todos sus demás aspectos estaban en la legislación o podían alcanzarse mediante la legislación: derechos del trabajador, incompletos y falseados; derechos de la familia, imprecisos e inocuos; disposiciones atinentes a servicios públicos que en parte se acercan a nuestro programa. Todo cabía como desarrollo legislativo dentro del gran encuadre orgánico de la Constitución del 53. Lo único que no podía lograrse era la remoción del infranqueable obstáculo opuesto a la ambición de mando de los gobernantes. De ahí y sólo de ahí nació la reforma.

Un plan progresivo

Quien siguió atentamente los acontecimientos ocurridos en los últimos años pudo creer que muchos, lesivos a nuestro pensamiento democrático, constituían simples expresiones del azar, reacciones temperamentales ante episodios de carácter personal, devaneos teóricos de asesores extraños a nuestro ambiente. Mas si dirigimos la mirada hacia atrás advertimos que todos estos hechos aparentemente aislados se integran como piezas de una estructura coherente y orgánica y se advierte que un hábil estratego ha venido cumpliendo progresivamente un plan que arriba a su meta.
Destrucción del sindicalismo independiente, avasallamiento de las universidades, humillación del régimen parlamentario, monopolio de la radio y del cine, restricción de la libertad de prensa, manejo discrecional de los fondos públicos y de los inmensos recursos sustraídos a la producción, absorción burocrática del control económico y financiero, reelección indefinida del jerarca.

El aparato represivo

Ya están dadas las condiciones totalitarias. Y también dado el aparato represivo del Régimen para ahogar la insurgencia del pueblo cuando se aperciba de la realidad de su destino. ¿Qué otra cosa significa la revalidación del decreto ley de seguridad del Estado, merced a la jurisprudencia de la Suprema Corte?, de ese decreto ley de corte y mentalidad fascistas, que establece que las huelgas declaradas ilegales -y las declara el organismo administrativo dependiente del presidente de la República-; constituyen delitos y que quienes las estimularen reciben pena no excarcelable.
¿Qué otra cosa significa el registro general de personas, que dará al gobierno la noción precisa de todas las actividades y movimientos de los habitantes del país, habilitándolo para la vigilancia característica de los Estados policiales? ¿Qué otra cosa significa la sanción de la ley de organización del país para la época de guerra, que rige en época de paz, que permite al arbitrio del presidente de la Nación declarar estados de conmoción interna o de emergencia grave y reemplazar a las autoridades políticas y administrativas normales por autoridades militares y substraer a los ciudadanos de la jurisdicción de los jueces de la ley civil para someterlos al juicio sumario de la ley militar?
¿Qué significa esto? Es el terror; es el ejército que avanza sobre un país conquistado. En su despliegue, las tropas llegan a una localidad, se apoderan de personas y cosas y disponen de su destino. Es la ley de la guerra; la ley indispensable para que detrás de los ejércitos no existan retaguardias enemigas. ¿Quién ha pensado eso para que rija dentro de su propio país, con relación a sus propios nacionales, como instrumento de dominación que sólo es concebible en esos Estados extraordinarios en que la ley suprema es la victoria en el terreno de las armas?
¿Qué otra cosa importa la reforma del Código Penal, que cancela prácticamente el último medio de emisión del pensamiento, la tribuna callejera, puesto que su concepto del desacato instituye el delito de opinión en sus términos más latos?

- Suena la campanilla indicadora de que ha
vencido el término de que dispone el orador para
hacer uso de la palabra.
Presidente (Mercante). - Ha vencido el plazo para hacer uso de la palabra, señor convencional por Buenos Aires.
Albarracín Godoy. - Hago indicación de que se prorrogue el término. .
Presidente (Mercante). - Se va a votar si se acuerda al orador prórroga del término para usar de la palabra.
- Resulta afirmativa de 109 votos;
votan 138 señores convencionales.
Presidente (Mercante). - Continúa en el uso de la palabra el señor convencional por Buenos Aires.

Lebensohn. - ¿Para qué y en previsión de qué ha sido sancionado este aparato represivo que coloca un dogal sobre el cuello del hombre del pueblo y somete el honor, la libertad, el pensamiento y el nivel de vida de los argentinos al arbitrio del presidente de la República?. No somos nosotros quienes hemos despertado pasiones con la ley del odio, de la división y de la persecución. La nuestra es la prédica de la tolerancia en el respeto de la opinión ajena, de la paz en la dignidad del derecho y de 1a igualdad en el ejercicio común de la libertad. Triste destino de nuestro país seguir el camino que otros recorrieron sin que su experiencia ni final sirvieran de lección. Con los mismos métodos, con las mismas técnicas, aquellos conductores dominaron a sus pueblos y les enseñaron a idolatrar, a odiar y hasta a morir conforme a la voz de mando que descendía entre el coro alucinante de las grandes multitudes organizadas.

La revolución- contra

Rotas aparentemente las coyundas del fraude, el país debía ingresar en el orden dinámico de la libertad y debatir en la agitación fecunda de la democracia las formas de superación política y de transformación económica y social reclamadas por el espíritu popular, sostenidas por el Radicalismo y postergadas por la coacción electoral.
Fue necesario copar la revolución que maduraba en las conciencias, conquistar la adhesión de los sectores populares satisfaciendo sus reivindicaciones más inmediatas y mantener la disposición del poder del Estado para impedir cualquier modificación de estructura que afectase al orden impuesto.
No fue un movimiento progresista, fue una fase negativa la revolución-contra -que llamara Mac Leish-, pero una fase, en fin, del proceso revolucionario que se está desarrollando en la humanidad. Sólo intentó frenar el impulso de transformación social, que es el signo de la época, con reajustes que mantuvieron inalterables las relaciones de producción capitalista: una amortiguación del regimen del privilegio tendiente a fortalecerlo y a confundirlo con el Estado.
A la preeminencia de la oligarquía terrateniente formada al amparo del poder político, en la época de la afirmación de los valores agropecuarios, sucedió la de las expresiones financiero-industriales vinculadas al poder revolucionario, que facilitó así el tránsito de nuestra estructura capitalista a las nuevas formas impuestas por el desarrollo económico. Al servicio de esta evolución se colocó a los recursos del país, entregando los dispositivos del control económico-financiero de la Nación a representantes conspícuos de la nueva oligarquía.
Los hechos probarán a nuestros amigos obreros, en su debido tiempo, que la justicia social no fue un fin en sí mismo, sino un medio de lograr el apoyo popular para conquistar el poder y luego realizar desde él los otros objetivos de quienes se embarcaron en la gran aventura de dominar al país.
Fue la misma estrategia social de Napoleón, figura histórica grata al espíritu del presidente, que proclamó los ideales de la Revolución en tanto sofocó su espíritu, alejó a los hombres que le eran leales y recreó el absolutismo para su mayor gloria imperial. Fue, en otro sentido, la experiencia de Bismarck, cuyo ideal prusiano de potencia inspira al oficialismo. El Canciller de Hierro no hizo sancionar las primeras leyes sociales alemanas movido por sentimientos de justicia, sino guiado por la voluntad de atraer a los trabajadores alemanes para dominarlos y forjar con su apoyo una economía y un ejército adecuados a sus planes imperiales. Y fue también la reciente experiencia de los pueblos subyugados por el fascismo que entregaron su libertad y su vida en la ilusión fugaz de suprimir su inseguridad económica.

El poder personal

La finalidad de fortificar y perpetuar el poder adquiere plena evidencia en la reforma. La experiencia de casi un siglo señaló las deficiencias de la Carta del 53 en las limitaciones del poder personal de los presidentes, origen de gran parte de nuestros males políticos. Mas el proyecto no recoge esa experiencia.
El régimen de intervenciones, del estado de sitio, de provisión de cargos públicos y de gastos ilegales permanece con sus fallas actuales. Se aclara la imprecisión de conceptos en cuanto a la prórroga de sesiones del Congreso, pero en sentido desfavorable a la buena doctrina.
No se contemplan garantías efectivas para el resguardo de la autonomía de las provincias y prácticamente se las ha colocado en situación de dependencias del poder central al condicionarse su autonomía a cooperaciones que las privan de seguridad política.
No se prevé la convocatoria automática del Congreso para juzgar de la pertinencia del estado de sitio que puede declarar el Poder Ejecutivo durante el receso, o en su defecto, la creación de una comisión parlamentaria permanente que lo sustituya en esa función.
Se incluye, en cambio; el estado de prevención y alarma, al que se califica de intermedio con el de sitio. Mas puede ser declarado al arbitrio del Poder Ejecutivo, aún durante el funcionamiento del Congreso, y excluye la opción del abandono del país a los detenidos.
La ley de residencia, sancionada por la oligarquía para reprimir el movimiento obrero, cuya derogación comprometieron los diputados gremialistas, no solamente queda, sino que se incorpora al texto constitucional.
Aparecen las bases constitucionales igualmente para el decreto-ley de delitos contra la seguridad del Estado, y para la vigencia, en época de paz, de la ley de organización del país para la época de guerra, al establecerse, en expresión de estudiada ambigüedad, la aplicación del Código de Justicia Militar a los civiles asimilados.

Absolutismo económico al servicio del privilegio

Podrá tener el Poder Ejecutivo presupuestos por períodos de tres años, sellar moneda y fijar su valor y negarse a contestar verbalmente las interpelaciones a sus ministros. En el campo económico se constitucionaliza el actual monopolio de exportaciones e importaciones, sin prever recaudos que eviten la formación de un absolutismo

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